Maisa Rojas, ministra del Medio Ambiente: “Un gobierno ecológico no se juega en la aprobación o rechazo de un proyecto”

La creación del Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y de los Consejos de Cuenca; las reformas a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA); avanzar en la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP) y en la implementación del Acuerdo de Escazú. Esos son hoy los temas centrales del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), una agenda con la que la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, espera cumplir la promesa de ser el primer Gobierno ecológico en la historia de Chile.

Promesa que se vio eclipsada tras la aprobación del proyecto cuprífero Los Bronces Integrado de la minera Anglo American, por el Comité de Ministros, que preside la ministra Rojas. Una decisión que ha sido criticada por organizaciones ambientales, quienes afirman que tendría efectos negativos en el medio ambiente.

“No existe la minería sin impacto (...) lo que tenemos que hacer es tener una conversación honesta de cuánto impacto estamos disponibles a aceptar y elevar los estándares para que eso sea mínimo”.

Proyecto de ley SBAP: “Lo más controversial es la existencia hoy de concesiones de salmones en áreas protegidas y la idea es que de aquí en adelante exista una prohibición de las concesiones”.

-Esta decisión ¿afecta la declaración del Gobierno ecológico que propuso esta administración?

-Es importante darse cuenta de que un gobierno ecológico no se juega en la aprobación o rechazo de un proyecto en particular. El gobierno ecológico para nosotros significa que lo ambiental, la naturaleza y el entendimiento de la crisis esté en el centro de las decisiones de desarrollo del país. Y esto no es algo que queda circunscrito al MMA, sino que es transversal. Un ejemplo es la Ley Marco de Cambio Climático, que firmaron 17 ministerios por mandato de la legislación, lo que significa que todos ellos tienen obligaciones al respecto. Chile tiene una situación que nadie puede desconocer, y es que por mucho tiempo el desarrollo del país ha estado asociado a extraer riqueza directamente de la naturaleza y eso genera una degradación medioambiental. Y para cambiar eso, se necesita de una transición, lo que está explícito en esta Ley Marco.

-Entonces, la aprobación de Los Bronces se dio en un escenario de transición?

-Estamos en un proceso que no es de la noche a la mañana, que Chile pueda cambiar su modelo de desarrollo extractivista a uno de desarrollo en el cual sea una condición el cuidado y la restauración del medio ambiente. En el caso de la minería, es una actividad que tiene un impacto en el medio ambiente, no existe la minería sin impacto. Aquí lo que tenemos que hacer es tener una conversación honesta de cuánto impacto estamos disponibles a aceptar y elevar los estándares para que eso sea mínimo. Pero mientras esa conversación no se haya dado, las decisiones se tienen que tomar dentro del marco normativo que existe y en este caso en particular, el Servicio de Evaluación Ambiental en la etapa de reclamación consideró que se había subsanado la razón por la cual este proyecto había sido rechazado y por lo tanto nos correspondió tomar esa decisión.

-¿Cuáles son los temas que hoy son prioridad para la cartera?

-Lo central es completar la institucionalidad ambiental con sus cuatro pilares, que son el Ministerio, el SEA, la SMA y el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas que hoy está en el Congreso. Su aprobación es fundamental, especialmente porque en diciembre del año pasado nos comprometimos a un nuevo gran acuerdo, equivalente al Acuerdo de París, pero en biodiversidad, que es el Marco Global de Biodiversidad, el cual tiene 23 metas a 2030. No hay manera que Chile pueda cumplir esas metas en siete años sin contar con un servicio dedicado a la biodiversidad.

-El proyecto ya está en Comisión Mixta en el Congreso, ¿qué falta?

-Está en su etapa final, y más de un mes no queda para que se promulgue. Falta lo más difícil, que es cómo se van a regular las concesiones dentro de las áreas protegidas, y ahí lo más controversial, obviamente, es la existencia hoy en día de concesiones de salmones en áreas protegidas, y la idea es que de aquí en adelante exista una prohibición de las concesiones. La pérdida de biodiversidad tiene cinco amenazas, una de ellas son las especies exóticas invasoras, y dentro de esta categoría están los salmones. Entonces no tiene ningún sentido que estén en nuestras áreas protegidas, que es el territorio que queremos resguardar para asegurarnos de que se proteja la vida y la naturaleza.

Avances legislativos

-¿Cómo va la implementación del Acuerdo de Escazú?

-En Chile existe información, mecanismos de participación y acceso a la justicia ambiental con los tribunales ambientales. Entonces, no es que partamos de cero y que tengamos que crear una institucionalidad nueva. El año pasado tuvimos dos consultorías para tener una idea inicial de quiénes deberían estar en el proceso participativo de Escazú. Y con esa base estuvimos los primeros meses del año elaborando el Plan de Implementación Participativa de Escazú, que comenzará su puesta en práctica en los próximos meses y que durará alrededor de un año en todas las regiones del país. Por otro lado, el Ministerio de Justicia, junto con Cancillería y el MMA, están liderando el tema de los defensores ambientales a través de la creación de un protocolo inicial. Tanto lo que aparezca ahí como lo que salga en este plan, se va a traducir en una hoja de ruta.

-¿En qué estado están las reformas a la Superintendencia del Medio Ambiente y del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental?

-Lo que está más avanzado es la reforma a la SMA, que pasará por el Consejo de Ministros el próximo 9 de junio. Los tres ejes de la reforma son descentralización, incentivo al cumplimiento y aumentar la eficiencia y eficacia de la fiscalización.

Que el superintendente tome todas las decisiones termina siendo un cuello de botella y la idea es que los temas menos complejos se puedan resolver en cada región; y al contar con un solo procedimiento que aborda temáticas de distinto alcance, desde ruidos molestos hasta los daños causados por una minera, opera de forma lenta y poco eficiente y eficaz. Además, no es tarea de este organismo sancionar, si no que uno quisiera que las empresas que deben cumplir con ciertas regulaciones tengan un incentivo para hacerlo.

Sobre la reforma al SEIA, estamos en el proceso de socializar las ideas matrices, que es una modificación a la Ley de Bases del Medio Ambiente en general, pero que tiene un fuerte componente al SEIA, y eso entraría a fines de año al Congreso.

Agua y zonas de sacrificio

-En relación a la institucionalidad del agua, ¿cómo se ha avanzado en la creación de los Consejos de Cuenca?

-El agua en Chile tiene una gobernanza sumamente fragmentada, con una estructura a través del Código de Aguas y los derechos de agua poco flexible a un clima cambiante y una población que crece y tiene más necesidades, y que ha dejado históricamente fuera a los que no tienen derechos de agua. En esa situación de desgobernanza y crisis climática, necesitamos generar un espacio de conversación con los que siempre han estado sentados a la mesa y los que no. Desde el año pasado se trabajó con los gobernadores regionales, hasta que en noviembre todos seleccionaron una cuenca piloto por región, por lo que tenemos 16, algunas de las que ya se han comenzado a instalar. Para que estas mesas tengan una alta legitimidad y produzcan algún efecto, la idea es que esto se traduzca en un proyecto de ley que ingresaremos al Congreso a fines de este año, que tenga como base la experiencia de estos consejos piloto.

-¿Cómo el MMA abordará las zonas de sacrificio en relación al ordenamiento territorial, luego del cierre de Ventanas?

-El año pasado el Ministerio creó la Oficina de Transición Socio Ecológica Justa que ve dos grandes temas: las zonas de sacrificio y la seguridad hídrica. Ahí hemos acuñado el concepto de comenzar a llamar a estas zonas como de transición, porque queremos lograr que efectivamente dejen de ser de sacrificio.

Hay muchos problemas ambientales a lo largo del país, pero hay que partir por algo y decidimos focalizarnos en los cinco territorios que tienen hoy centrales termoeléctricas a carbón que van a cerrar, que son Tocopilla, Mejillones, Huasco, Concón-Quintero-Puchuncaví y Coronel. Este año, vamos a elaborar una estrategia de transición socio ecológica justa, para transformar a estos territorios con una debida reparación ambiental.

En el caso de Concón-Quintero-Puchuncaví, tenemos un conjunto de 40 medidas asociadas a ese territorio, que incluyen acciones a corto, mediano y largo plazo.

Textiles en la Ley REP Textiles en la Ley REP

La Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP) establece seis productos prioritarios -neumáticos, envases y embalajes, aparatos eléctricos y electrónicos, aceites lubricantes, pilas y baterías- para su reciclaje y valorización.
Este año entran en vigencia las metas para neumáticos y para envases y embalajes. Y en este contexto, la ministra del MMA, Maisa Rojas, afirmó que están trabajando para que “los textiles sean incluidos, en el mediano plazo, como el séptimo producto prioritario en la Ley REP, ya que son una prioridad”.
Agregó, que por su revelancia, en paralelo conformarán un comité estratégico para generar un plan o estrategia de economía circular para los textiles. “Ya extendimos la invitación a distintos actores a sumarse a esta mesa para avanzar en las soluciones a este problema”.
Dijo también que la Ley REP “ya comienza a tener una manifestación muy concreta desde este año”, con las metas de neumáticos en enero y envases y embalajes en septiembre, y la idea es poder avanzar también con los decretos de metas de aparatos eléctricos y electrónicos, pilas y aceites y lubricantes”.